El 19 de diciembre de 2011 moría recluida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, la congoleña Samba Martine, quien en los treinta y ocho días que pasó encerrada solicitó al menos once veces asistencia médica, sin que fuera tratada en ninguna de las ocasiones por la afección que finalmente produjo su deceso.

En su intento de llegar a Francia junto con su marido y su hija, había entrado a España en el verano de aquel año. Ingresada en el Centro de Estancia Temporal de Melilla (CETI), le hicieron dos pruebas analíticas que confirmaron que era portadora del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Ni fue medicada ni se informó de su estado de salud en su traslado al CIE de Aluche. En Madrid, no se le realizó ninguna prueba diagnóstica y en ningún caso fue tratada de la enfermedad ni de la infección que terminó con su vida. Desde entonces, venimos denunciando la deficiente asistencia médica dispensada a Samba durante su encierro, y la dolorosa agonía que tuvo que padecer.

El próximo 3 de junio comienza el juicio por su muerte. Siete años y medio de espera para que queden en evidencia, una vez más, las graves deficiencias del sistema judicial cuando se trata de proporcionar justicia a las víctimas de la vulneración de derechos humanos en los CIE del Estado español.

Lamentablemente el lento y tardío proceso judicial no solo ha dejado fuera del banquillo a la directora de la empresa responsable de la deficiente asistencia médica prestada a Samba durante su encierro, Sermedes S.L., sino que dos de las tres personas procesadas se encuentran prófugas y no responderán por los actos que hicieron de los últimos días de Samba un auténtico calvario.

El médico Jaime Evaristo Ojeda Rojas y la enfermera que la desatendió en sus últimas 48 horas de vida, Yordanka García Casanova, están huidos de la justicia y previsiblemente solo comparecerá uno de los procesados, Fernando Hernández Valencia. En estas condiciones difícilmente la familia de Samba pueda obtener la Justicia que merece, y que el Estado español le debe.

La investigación del caso ha sido lánguida y costosa. Lamentamos la inactividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal: en estos años no ha solicitado una sola diligencia de investigación. Se trata de una muerte ocurrida bajo la custodia del Estado, que cuando encierra a una persona se convierte en el garante de la vida, la salud y sus derechos, por cuanto le compete un especial deber de diligencia en la investigación, tal y como dicta la doctrina del Tribunal Constitucional, que recoge la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pese a esas condiciones, la apertura del juicio oral reabre las posibilidades de encontrar algo de Justicia y confiamos que así sea. Samba murió por una grave infección y durante los 38 días que estuvo encerrada en el CIE solicitó asistencia médica, al menos, en once ocasiones. No se indagaron las razones de su mal estado de salud, claramente perceptible a los ojos de sus compañeras.

Un informe de Cruz Roja, única organización contratada por el Estado para estar en el CIE, ha revelado el abandono y el trato inhumano dispensado a Samba los días que precedieron a su muerte.

“[…] El domingo 18 de diciembre, sobre las 9:30 horas, una de las mediadoras observó cómo dos internas ayudaban a Samba a subir las escaleras para acceder al servicio médico. Apenas podía tenerse en pie. El doctor aún no había llegado a la consulta, la enfermera le suministró un ansiolítico…Nuevamente, fue ayudada por sus compañeras para bajar hasta la sala, donde se tumbó en el suelo. No vio al médico. Por la tarde, la mediadora notó que su estado había empeorado. Estaba tumbada en el suelo, tapada con mantas y quejándose del humo de la sala que le impedía respirar. Cabe destacar que cuando las internas fuman no salen al patio, sino que lo hacen en la sala, en la que pasan parte del día, provocando un ambiente irrespirable y nocivo. La mediadora subió al servicio médico para informar a la enfermera del empeoramiento de Samba. La sanitaria refirió que no podía hacer nada más…. Tiempo después, la mediadora insistió nuevamente, sin éxito…. Ante esta situación, las internas manifestaron al equipo de Cruz Roja, sus quejas al respecto de la atención del servicio médico en relación a esta mujer, y demandaron al equipo de Cruz Roja papel y sobres ya que querían escribir una carta al juzgado de control, manifestando que pese a que Samba había sido atendida por el doctor en diversas ocasiones (y otras por enfermeras), nunca había sido derivada al hospital, y su estado de salud se había visto empeorado notablemente en los últimos días. […]”.

Al día siguiente, ante su estado crítico, fue trasladada al Hospital, según continúa el informe de Cruz Roja:

“[…] La interna se encontraba desorientada, sin apenas poder hablar y descalza. Desde Cruz Roja, se pidió al director del centro que facilitara unas zapatillas. Una de las agentes de policía espetó que por qué no iba descalza, si daba igual. Cuando se estaba calzando a la mujer con las zapatillas dadas por el director, la misma agente comentó que no hacía falta ponérselo perfecto, que se lo pusieran y punto que sus compañeros estaban esperando. Fue trasladada al Hospital, donde murió a las pocas horas de su ingreso. La respuesta dada fue que la interna debido a su estado, no respondía a las indicaciones de la trabajadora social de Cruz Roja y ponerle las zapatillas en los pies estaba resultando una tarea muy complicada.

Cuando Samba ya estaba calzada, la agente de policía informó que su función no era bajar internas por las escaleras, por lo que fueron otras dos internas y la trabajadora social las que ayudaron a la mujer a bajar. En varias ocasiones estuvo a punto de caer, puesto que le faltaban las fuerzas y se quedaba sentada en los escalones. En el segundo tramo de escaleras, un agente que pasaba por allí y vio la escena ayudó a coger a la mujer para poder sacarla del centro y montarla en el coche policial. Varios agentes manifestaron que no comprendían cómo no se había llamado a una ambulancia, viendo el mal estado en que se encontraba Samba […]”

Samba murió en el Hospital Doce de Octubre a las 6 horas de su ingreso.

Era mujer, migrante, negra y pobre. Y seguramente eso fue determinante para que se olvidaran de ella. A la luz de los hechos nada funcionó en la obligación de custodia que tiene el Estado para con las personas que encierra. Ni la medicaron en Melilla, ni informaron de su estado al pasar al CIE de Aluche y una vez aquí, ni siquiera se tomaron la molestia de trasladarla a un hospital sino hasta que su muerte fue inevitable.

Lo más preocupante es lo poco que ha cambiado el funcionamiento de los CIE en sus casi 25 años de existencia. Las denuncias dejan al descubierto que ni siquiera se respetan las sucesivas resoluciones dictadas por los jueces de control, creados especialmente para velar por el respeto a los derechos de las personas allí encerradas. Siguen siendo “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”, como bien los definió, precisamente, uno de estos jueces.

Esta semana, el juzgado nº 19 ha ordenado investigar unos hechos que la jueza considera pueden ser “constitutivos de delito de tortura”. Además de afirmar que se han violado “los derechos fundamentales de las personas internas” que han denunciado. Nada que nos sorprenda, pero saludamos la decisión judicial.

Por eso denunciamos que a día de hoy las condiciones del internamiento que propiciaron la muerte de Samba siguen existiendo. Es necesario que se sepa el drama humano que esconden los CIE.

A casi 8 años de la muerte de Samba Martine nos reunimos para pedir “Justicia”, para exigir el cierre de los CIE, y el cese inmediato del director del centro de Aluche, Antonio Montes Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad en ocasión de la muerte de Samba y ahora es el responsable último. Las reiteradas violaciones de derechos humanos y la impunidad que las ampara, son el caldo de cultivo propicio para que un día cualquiera tengamos que lamentar la muerte de una nueva Samba, o Aramis, Idrissa, Mohammed o Jonathan, todas personas fallecidas mientras sufrían reclusión en uno de estos centros.

Cuando la enterramos en aquella mañana calurosa de junio de 2011 prometimos a su madre, Clementine, que no cesaríamos en nuestro compromiso de preservar su memoria y de luchar para que dejen de encerrar Sambas tras las rejas de los CIE. Aquí estamos una vez más, siete años después, para pedir ¡Justicia para Samba!

Entidades firmantes: Centro Parroquial San Carlos Borromeo – Coordinadora de Barrios – Karibu – Mundo en Movimiento – Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine – Plataforma CIEs NO Madrid – Proyecto iusmigrante – Pueblos Unidos – Servicio Jesuita a Migrantes – Red Interlavapies – Red Solidaria de Acogida

CONCENTRACIÓN – JUSTICIA PARA SAMBA
Fecha y hora: lunes 3 de junio, 11:30
Lugar: Juzgado de lo Penal, calle Julián Camariño 11 [Metro: Ciudad Lineal]

¡Acude y difunde!, ¡Os esperamos a todas!,

Red Solidaria de Acogida