Parece que las administraciones y los medios de comunicación no se han enterado, pero en Madrid, en España, hay personas refugiadas, aunque no tengan el estatus todavía. Al menos en 2015 ha habido 14.600 solicitudes de asilo a pesar de las vergonzosas cifras que todas y todos conocemos.

Desde el otoño pasado han sido miles las que han pasado por la estación de Madrid de Méndez Álvaro, la mayoría como etapa de un camino que les conduciría al norte de Europa. Pero muchas otras se han quedado. También las hay que han vuelto a nuestra ciudad.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid aseguran estar preparados para ayudar a las personas refugiadas, pero que no hay, que no están, que las están esperando. Desde la Red estamos dando cobertura a varias decenas de ellas. A pesar de que, si hacemos caso, dichas personas no existen. Invitamos a ambas administraciones a preguntarnos por ellas y a estudiar la posibilidad de que se hagan cargo de esta cobertura.

Denunciamos, también, la actitud de partidos políticos que se acuerdan ahora del sistema de asilo y refugio que cimentaron en su momento. Que se escandalizan de las vallas y la situación extrema de miles al otro lado del Mediterráneo e ignoran intencionadamente la situación de la frontera Sur.

Denunciamos que el sistema de acogida es escaso, insuficiente e ineficiente en plazos y logro de objetivo: la inserción e integración social. Son muchas las familias que tienen dificultades tremendas para acceder a una vivienda y a un trabajo que les garanticen, al menos en parte, una forma de salir adelante en nuestro país. La ayuda a estas personas no se realiza, solo, con recogida de ropa o alimentos. Ahora, al menos, no.

Hablamos de refugiadas en segunda fase que necesitan apoyo continuado en el tiempo, ayuda para poder labrar un futuro aquí, más allá de centros de atención para refugiadas o de situaciones de caridad.

Ahora que parece que se ha abierto una nueva realidad política en España que habla de transparencia y participación, nos gustaría saber, además, cuáles son los criterios para la concesión de las ayudas de las que se habla y cuáles son los controles, si los hay, que se hacen o harán por parte de la sociedad civil y las instituciones.