La denominada crisis de los refugiados ha generado en nuestras sociedades una toma de conciencia no sólo por las terribles consecuencias que millones de personas sufren por el conflicto armado en Siria y por otros tantos conflictos olvidados; también por las nefastas consecuencias de las políticas migratorias de control de la UE y de algunos estados miembros, que arrojan a las mafias, cuando no a la muerte, a cientos de miles de personas que huyen de sus países en busca de protección y de seguridad en Europa.
Se ha generado un sentimiento de acogida que ha desbordado Europa. La ciudadanía hemos abierto nuestras casas, nuestras mesas, nuestras familias y nuestros corazones a quienes no son sino víctimas de este sistema de injusticia que también nos afecta.
Entretanto, nuestros gobernantes siguen estando muy por debajo de las expectativas, manteniendo además discursos y alarmas que no hacen sino alimentar los sentimientos racistas y xenófobos en nuestro continente. Nos alarman con el reparto de unas decenas de miles de refugiados y refugiadas, cuando hay que recordar que el 80% en el mundo se ubican en países empobrecidos.
El conflicto Siria ha generado ya 4 millones de desplazamientos, que se agolpan mayoritariamente en Turquía -1.800.000-, Líbano -1.200.000, lo que supone una cuarta parte de su población- y Jordania -600.000 aproximadamente-. A estas cifras se suman 8 millones de desplazamientos internos.
Hoy, aquí, no queremos mirar sólo hacia las vallas de Hungría, hacia las costas griegas o hacia las fronteras de Bulgaria, Serbia o Croacia. Pedimos atención también hacia nuestra frontera, la frontera sur española. Denunciamos los discursos gubernamentales que incitan a la hostilidad y al miedo, así como los enormes vacíos y deficiencias de que hace gala nuestro país en cuanto a la acogida e integración social de las personas migrantes.

Concentración frente a la sede de la Secretaría General de Inmigración y Emigración

Hemos externalizado nuestras fronteras, con acuerdos económicos y de cooperación policial con países que no garantizan el respeto a los Derechos Humanos de las personas en tránsito hacia nuestro país.
La situación de los y las migrantes del África subsahariana en Marruecos continúa siendo igual de dramática que el año pasado, aunque ya no aparece en los medios de comunicación. Miles de personas migrantes siguen siendo hostigadas por las fuerzas auxiliares marroquíes en los campamentos cercanos a las fronteras de Ceuta y Melilla, donde viven en condiciones inhumanas y sufren de una continuada violencia policial. A estas personas España les niega el derecho de asilo. «Han decidido correr ese riesgo», en palabras de la jueza que ha archivado recientemente la causa por las muertes en Tarajal hace un año. Ese riesgo que han construido nuestros gobiernos: material antidisturbios a uno y otro lado de esas vallas, repletas de concertinas, de fosos y de elementos punzantes . Si arriban a nuestro país se enfrentan a la posibilidad de un procedimiento de rechazo, creado en abril 2015 con el objetivo de intentar legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” y cuyo contenido, seis meses después, aún no ha sido clarificado por el Gobierno.
Cientos de familias, mayoritariamente de nacionalidad Siria, a quienes se les supone el derecho de acceder a las oficinas de asilo ubicadas en los puestos fronterizos -negado a las personas subsaharianas-, están bloqueadas en la ciudad de Nador. Escasamente a unos cuantos se les permite acceder diariamente a estos puestos por parte de la policía marroquí. Todos ellos deben pagar grandes cantidades a “pasadores” o mafias como las llama el Gobierno español. Con frecuencia, se ven obligados a separarse de sus hijos e hijas o a pagar sumas desorbitadas para recuperar sus pasaportes, vitales para alcanzar protección internacional.
Pero eso no es todo, las personas que llegan a Ceuta y en mayor medida a Melilla, son confinadas en estas ciudades en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en condiciones inaceptables. La ocupación del CETI de Melilla – unas 1.600 personas- triplica su capacidad. En los CETI no existe un servicio de orientación jurídica ni reciben información concreta y personalizada de la protección que les brinda España y del marco europeo de tramitación de solicitudes de asilo. Durante meses no se les permite su paso a la península. Los CETI funcionan, “de facto”, como un tapón o embudo que ignora las obligaciones de recepción y protección de las personas refugiadas conforme al marco legal europeo y español.
Así, van llegando a la península con cuentagotas, tras pasar periodos que van entre 45 dias y varios meses en Melilla y Ceuta para ir a parar a recursos públicos que no siempre son Centros de Acogida de Refugiados, que abandonan mayoritariamente en pocos días. Para todos ellos, España no es un país de acogida.
Así, llegan a nuestras fronteras y son recibidas las personas migrantes, a las que acompañamos, con quienes compartimos su sufrimiento, mientras nuestros gobernantes, ante un innegable clamor social, nos hablan cínicamente de acogida.

Por todo ello, exigimos a nuestro gobierno:

1. Garantizar los derechos de las personas migrantes a uno y otro lado de la frontera.
2. La desaparición del confinamiento forzoso de personas migrantes en Ceuta y Melilla. Suscribimos las recientes recomendaciones del ACNUR y de Defensor del Pueblo de que la estancia en los CETI se reduzca a días y que estos centros se reconfiguren como meros sitios de identificación y derivación inmediata a la península.
3. La derogación de la Disposición Adicional Sexta de la LSC, por la que se intentó legalizar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.
4. Medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro a España como cupos de visados humanitarios, facilidades de reagrupación familiar, cupos de visados para estudios y cupos de reasentamiento.
5. El desarrollo de un plan nacional de acogida e integración de las personas migrantes para los próximos años, con competencias y financiación de la AGE, CC.AA y Ayuntamientos, que convierta a nuestro país en un verdadero espacio de acogida y hospitalidad.
6. La aprobación del Reglamento de Asilo.
7. La puesta en marcha de políticas que aborden las causas de las migraciones forzadas en su origen, que centren sus esfuerzos en las causas y no en la contención y control policial y militar de los flujos migratorios.

RED SOLIDARIA DE ACOGIDA.